A 100 días sigue la descomposición
PAULINO CÁRDENAS
Aparte de la violencia y los asaltos comunes que sufre la población a diario, a 100 días de haberse cumplido el plazo de los compromisos suscritos el 21 de agosto pasado en la reunión sobre el Acuerdo Nacional de Seguridad, la Legalidad y la Justicia, se percibe que la descomposición en materia de seguridad pública continúa por la ineficacia, la corrupción y la impunidad que siguen imperando, a juzgar por los acontecimientos criminales sucedidos en ese periodo.
El secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí enervó a toda la sociedad y causó una indignación generalizada por la impunidad con la que se cometieron -y se siguen cometiendo- esos actos criminales como el del joven Fernando Martí. La presión social obligó al encuentro de agosto del gabinete de seguridad, que al cumplirse este día el plazo establecido, se dará cuenta a la sociedad de los resultados y avances, si es que los hay.
Los hechos delictivos de los últimos cien días indican que las cosas no han cambiado, y que el secuestro sigue siendo el gran problema de seguridad pública, el cual continúa cometiéndose a diario con la misma saña, la misma alevosía y la misma complicidad con las que ha actuado el crimen organizado con los mandos y elementos policiacos, con fiscales y ministerios públicos coludidos con el hampa, con lo cual se sigue propiciando la impunidad.
Seguramente cada instancia que hoy tome la palabra para informar de los acuerdos, llevará preparado un discurso lleno de cifras y una serie de datos con los que se tratará de hacer creer a la opinión pública que hay avances en materia de seguridad, legalidad y justicia, pero a la hora de que los representantes de las agrupaciones civiles hagan lo propio, echarán por la borda sus cuentas alegres, su optimismo y su retórica.
La percepción generalizada es que, lejos de que las instancias que integran el gabinete de seguridad, hayan trabajado en estrecha colaboración y coordinación en los últimos 100 días para avanzar en los 75 compromisos que se suscribieron en agosto pasado, tomando medidas coherentes y estableciendo un conjunto de políticas articuladas, más bien se siente que entre ellas ha predominado la apatía, el desgano, la desatención y el desdén.
El caso de algunos miembros del Poder Legisltivo y de la mayoría de los gobernadores, es ejemplo de que no es posible avanzar en materia de seguridad pública, si prevalece la falta de voluntad política, ya que su contribución es de la mayor importancia, si se quiere de veras hacer un frente común con la ciudadanía que demanda terminar con la impunidad, las complicidades y atrocidades entre el hampa organizada, y los mandos y elementos coludidos, de las diferentes corporaciones encargadas de la seguridad, la legalidad y la justicia.
No es exagerado señalar que garantizar la seguridad pública es garantizar la paz social. Y la paz social es requisito indispensable para el avance de la democracia diría la ortodoxia. Lo cierto es que garantizar la paz general a través de la prevención, la represión de los delitos y de los actos criminales del hampa organizada, es un impertivo constitucional, no una opción como lo han planteado algunos legisladores y gobernadores.
El concepto de seguridad pública, incorporado en la reforma de 1994, fue desarrollado en la idea de un sistema nacional, como coordinación de todas las entidades que intervienen en esta función. Por lo tanto, es deber de los tres Poderes de la Unión, de los gobernadores, y de todos los sectores de la población, participar en su observancia y cumplimiento.
¿O habrá que sutituir el concepto de seguridad pública por el de seguridad ciudadana? La nueva agrupación ciudadana SOS de Alejandro Martí, una asociación que se ve seria y que permitirá la afiliación de mexicanos interesados en participar en propuestas y soluciones para mejorar la seguridad pública, pudiera ser el principio de esa tendencia. Luego que no se quejen las autoridades de sentirse robadas o desplazadas.
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