Dudas de buenas reformas en seguridad
PAULINO CÁRDENAS
Después de que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado al principio de su gestión, con resultados que nadie hubiera imaginado en cuanto al baño de sangre que ha ocasionado -que tan sólo en este año ya rebasó las cinco mil muertes asociadas a esa encarnizada lucha- la exigencia de la sociedad mexicana es que el Estado afronte con toda su energía la inseguridad que priva en casi todo el país, y sea garante del derecho que tiene la ciudadanía para vivir en paz.
Se supone que en eso andan los legisladores en el Congreso de la Unión, quienes están enfrascados en la discusión de aprobar las reformas constitucionales encaminadas a tener, en teoría, mejores herramientas jurídicas, de orden administrativo y de recursos, para combatir al hampa organizada, al narcotráfico, a la inseguridad por delitos graves como el secuestro, y a los delitos del llamado fuero común que incluye la violencia que ha invadido muchos espacios públicos en prácticamente todo el territorio nacional.
La sociedad espera paciente a que los legisladores hagan las adecuaciones pertinentes en lo referente a la Ley de Seguridad Pública y otros rubros como el registro nacional de teléfonos celulares para evitar extorsiones y secuestros, la Ley Antisecuestro, y la llamada “miscelánea penal” cuando menos, para que el Estado cuente con las heramientas necesarias en el combate a la delincuencia organizada pero, sobre todo, se combata con más eficiencia la impunidad.
Pero por la indolencia y actitud evasiva con la que se comportaron los legisladores -al igual que la mayoría de los participantes- en la reunión de Palacio Nacional del viernes pasado en donde los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno principalmente, darían supuestamente a conocer sus avances del famoso Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, la sociedad duda que los resultados en San Lázaro pudieran ser al final lo suficientemente satisfactorios.
La ciudadanía no siente que diputados y senadores sean capaces de coordinarse cabalmente en esa importante tarea legislativa, porque cada bancada quiere llevar agua a su molino, lo que hace dudar que las instancias policiales y jurídicas que se ocupan de prevenir el delito y combatirlo hasta sus últimas consecuencias, tengan los instrumentos necesarios para propocionar un sistema de seguridad pública confiable y eficaz, respetado y eficiente.
Por ejemplo, una corriente de opinión, la del Ejecutivo, considera que es necesario un mando único policial federal, que tenga en una sola estructura tecnológica los datos que se requieren para hacer más eficiente la tarea de las coporaciones policiacas, incluyendo el rubro de inteligencia, para un mejor combate al crimen organizado. Esa gran base de datos y su forma de operar ya tiene nombre, se llama Plataforma México, y al parecer de manera incipiente ya opera centralmente en coordinación con algunos estados de la República.
La otra corriente que esgrimen los partidos a través de su representación parlamentaria, es que, darle tanto poder a una sola instancia –que suponen que la misma estaría a cargo del actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna- sería tanto como que los estados y municipios quedaran imposibilitados de cumplir con las nuevas exigencias constitucionales para combatir al hampa organizada.
El concepto de una Policía Nacional que maneje centralmente los recursos para el combate a la delincuencia, además de dictar las políticas y criterios de operación bajo un sólo mando policial integrado -con representación en cada entidad pero muy controlada-, se antoja muy difícil que se apruebe como nueva figura jurídica.
Dicen los que saben que con la descentralización y dispersión de mandos como está actualmente el orden de cosas para combatir la delincuencia, se propicia la impunidad a través de la corrupción, por lo que los altos niveles de criminalidad no bajan sino al contrario. ¿Y con un sólo mando policial de alcance nacional, no sucedería lo mismo, pero de manera centralizada? preguntan otros.
Por este tipo de desacuerdos no parece haber forma de lograr una nueva versión constitucional fortalecida para combatir al crimen organizado, por lo que -aunque nadie por supuesto lo desea- la impunidad seguiría rampante, se ensancharían más los privilegio del hampa, y con las cada vez más poderosas y mejor pertrechadas agrupaciones del crimen organizado, habría de seguir imperando el miedo y el terror social en todo el país.
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