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El memorándum

28 de abril de 2019

José Dávalos*

Un tema tan serio y tan interesante que no pude quitarme el deseo de entrar a él, aunque sea de manera sencilla. Modificar la Constitución de la República o detener su aplicación con la aplicación de un memorándum no puede ocurrírsele ni a un estudiante del primer semestre de la carrera de Derecho.

Uno de los más prestigiados constitucionalistas del país Diego Valadés, lo dice en pocas palabras (Bueno y breve, dice Baltasar Gracián): “Los titulares de los órganos del poder están obligados a cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución y las leyes disponen. Así lo prometen mediante el juramento que expresan cuando asumen sus cargos”.

El propio constitucionalista luego aclara, también en forma resumida: “La derogación de preceptos constitucionales sólo la pueden hacer el poder revisor de la Constitución (El Congreso de la Unión instalado con ese carácter), y la derogación de las leyes federales es facultad exclusiva del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores)”.

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siempre erguido como es él, a este respecto se pronunció de la manera siguiente: “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”.

El Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, se pronunció así: “El memorando con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador busca dejar sin efecto la reforma educativa carece de fundamentación y motivación, e incluso las autoridades administrativas, en el  momento de aplicarlo, pudieran incurrir en responsabilidades”.

La Barra Mexicana Colegio de Abogados exhortó “respetuosamente al Presidente de la República y en general a las autoridades del país a: 1) conducirse como celosos ejecutores de las instituciones y leyes; 2) promover su aplicación dentro del marco constitucional; 3) cuidar que en todas las formas de comunicación se funden y motiven sus actos, y 4) se conserve en todo momento congruencia con lo que les está expresamente permitido”.

El respeto a la ley da salud y paz al país.

 

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