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*A la Corte, la Ley de Austeridad
*”Es inconstitucional”: bloque opositor

Francisco Cárdenas Cruz

Julen Rementería
Julen Rementería

Por considerar que la Ley de Austeridad aprobada por el pleno del Senado de la República y regresada con modificaciones a la Cámara de Diputados viola la Constitución y los derechos humanos de los servidores públicos que  después de serlo no podrán emplearse durante 10 años en  el sector privado,   el bloque opositor senatorial interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Los integrantes de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta coincidieron en señalar que además de la serie de contradicciones que contiene, choca con otras leyes que no fueron derogadas y criticaron que sus colegas de la mayoría de Morena la hayan aprobado “sólo para satisfacer al presidente López Obrador”.

En la discusión en el recinto del Paseo de la Reforma que duplica de cinco a 10 años el tiempo para que todos los servidores públicos puedan ingresar a la iniciativa privada, como lo aprobó la Cámara de Diputados, era absurdo, por lo que el senador Félix Salgado Macedonio se propuso y así se aprobó, que no fueran  todos sino solo  los que se desempeñaron en mandos superiores y hayan accedido a información privilegiada.

De todas formas, el senador panista veracruzano Julen Rementería calificó de “barbaridad” e “irracional” duplicar el plazo que aprobara la colegisladora y preguntó: “¿Cómo puede pensarse que una persona que trabajó en el gobierno, así sea secretario, se le prohíba pasar al sector privado durante 10 años?”, lo que secundó su colega priísta y ex subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio, al señalar que “es una exageración que va a afectar a los servidores públicos y a inhibir la contratación en el servicio público”.

Martha Márquez
Martha Márquez
Otro tema que también provocó polémica fue el que la ley deje en manos del Ejecutivo Federal la facultad de decidir a qué se van a destinar los recursos ahorrados, la llamada “partida secreta” de quien gobierna el país y que dispone de ella a su real entender y a lo que en su mañanera de ayer, el Presidente aseguró que él dejará la decisión en manos de la Secretaría de Hacienda.

La senadora panista Martha Márquez sostuvo que “esos recursos –miles de millones de pesos- podrían ser utilizados con fines electorales o como dádivas a cambio de votos, porque la ley no contempla mecanismos transparentes en lo que se deban utilizar”.

Y fue más allá, al señalar que “esto no es austeridad, lo que pretenden es dar un cheque en blanco al Presidente para gastar el dinero en programas sociales con fines electorales y esto provocaría corrupción”.

Por esos y otros señalamientos de que la ley de austeridad viola preceptos constitucionales y es  contradictoria con otras que no han sido derogadas y por la flagrante violación a los derechos humanos de los servidores públicos, es que los integrantes del bloque opositor anunciaron que recurrirán a la Corte por considerar que es inconstitucional.

Por lo pronto, la minuta aprobada por el pleno del Senado fue devuelta a San Lázaro con las modificaciones aprobadas, en la que tendrá que volver a ser discutida, mientras que el presidente de la Cámara Alta, Martí Batres, declaró la clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

>>EL arbitraje internacional sobre la operación del gasoducto Texas-Tuxpan que amenaza provocar desabasto del mismo, llevó a un diferendo entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas extranjeras IEnova y TransCanadá  sobre la solicitud de aquel, al tiempo de que tras una reunión de empresarios con el Presidente se acordó instalar una mesa de conciliación para resolver ese problema.
>>LA revisión de algunas cláusulas de los contratos por parte de la CFE, fue negada por su director general, Manuel Bartlett, quien ayer aseguró que fueron esas empresas las que solicitaron el arbitraje, a pesar de haber acordado una renegociación  de los contratos, cuando ya se había declarado que estaban en esa etapa, lo que aquellas niegan haber solicitado, más allá de la interpretación de unas estipulaciones del contrato para un gasoducto en Sonora.
>>PARA tratar de destrabar ese problema, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios, se reunieron con el Ejecutivo Federal, tras lo cual acordaron instalar una mesa de conciliación y resolver ese problema que mantiene detenidos los gasoductos y amenaza la ratificación del T-MEC por parte de Estados Unidos y Canadá.
>>MUCHO tendrá que batallar el presidente López Obrador para que, como lo anunció la tarde del lunes en el zócalo, la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, puedan iniciarse en caso de no presentar los estudios de impacto ambiental, de la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en materia de seguridad aérea, con las que aún no cuentan para echar a andar esa cuestionada obra.
>>ESO, después de que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la CDMX, rechazó conceder la suspensión definitiva demandada por el colectivo #NoMásDerroches, que ha presentado 147 amparos para impedir esa obra y preservar los avances en las del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
>>EN su mensaje-informe del lunes, el Ejecutivo Federal calificó de “sabotaje legal” el que ese colectivo mantiene con los amparos que ha presentado y que los jueces le han concedido para impedir que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, al asegurar que a pesar de ellos, “las obras se iniciarán en este mes”.

Carlos Salazar Lomelín
Carlos Salazar Lomelín
>>CHRISTINE Lagarde renunció a la dirección general del Fondo Monetario Internacional para presidir el Banco Central Europeo, a partir del 31 de octubre próximo y cuya candidatura fue impulsada por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron en sustitución del italiano Mario Draghi, que concluye su periodo de ocho años en ese cargo.
>>DURANTE la visita que hizo a México en mayo pasado, la abogada francesa se reunió con el presidente López Obrador y después declaró que aunque muchos mexicanos no comulgan con su programa general, “hay muchas razones para ser optimista de los resultados” por ser un compromiso en reducir la pobreza, a pesar de los obstáculos que representan corrupción y crimen organizado.
>>SI como lo aseguró el Presidente, ayer, que en el acto del zócalo que encabezó la tarde del lunes para celebrar un año de su elección, no hubo acarreados, seguramente que los centenares de autobuses llegados de las entidades gobernadas por Morena y otras por el PRI, que desde temprana hora permanecieron estacionados en calles del Centro Histórico, transportaron “turistas” para que conocieran esa tradicional zona de la CDMX.
>>AHORA, sin embargo, los llamó “invitados especiales”, entre los que incluyó no solamente a militantes de su partido-movimiento “transportados” desde las 16 alcaldías capitalinas y del interior de la República, sino también a empresarios y algunos mandatarios estatales.
>>LO que habrá que reconocerles es su habilidad, capacidad y experiencia que acumuló en sus años de dirigente opositor para atiborrar el zócalo, lo mismo con plantones como aquel “éxodo por la democracia” en la que campesinos y trabajadores transitorios de Pemex ocuparon y vivieron más de dos meses en la plancha de concreto en el sexenio salinista, que para sus frecuentes protestas pre y poselectorales.
>>FUE en ese histórico sitio en el que el 20 de noviembre de 2006 donde se autoproclamó “presidente legítimo”, tras su primera derrota como candidato presidencial ante Felipe Calderón, y doña Rosario Ibarra de Piedra le impuso la banda tricolor, mientras sus huestes mantuvieron durante mes y medio un plantón en el Paseo de la Reforma que provocó pérdidas millonarias y repudio ciudadano.

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